Anticoncepción en las adolescencias 2022: Elegí tu propio recorrido!

Sobre el curso

Sobre el contenido y detalles de este curso.

  ¿DE QUE SE TRATA?
Este curso se fundamenta en la necesidad de movilizar acciones para atender la problemática de los embarazos no intencionales y sus estrategias de prevención, desde los equipos de salud de todo el país.
La maternidad en la adolescencia es una manifestación de la inequidad social ya que afecta principalmente a las adolescentes de los estratos más vulnerables, por ejemplo, entre las residentes en áreas rurales, quienes viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas, entre las migrantes recientes (en particular de Bolivia y Paraguay) y entre adolescentes de comunidades aborígenes.
En síntesis, la maternidad temprana es en gran medida el resultado de la exclusión social. Y, a su vez, afecta las oportunidades educativas y laborales y, por tanto, el futuro de las jóvenes, quienes afrontan la transición a la adultez con menores recursos (el 20% de las madres de 19 años han finalizado los estudios secundarios, proporción que casi se triplica (56%) entre quienes no han sido madres) (UNICEF, 2017a).
Un segundo aspecto por el cual la maternidad adolescente merece atención es porque se trata mayoritariamente de embarazos involuntarios. El 58.9% de los embarazos de las adolescentes de 15 a 19 años y el 83.4% de los de las menores de 15 años son reportados como no intencionales (PNSIA, 2018). Estudios basados en encuestas a adolescentes de 15 a 19 años indican un porcentaje similar para diferentes órdenes de nacimiento (primer hijo, segundo) y generaciones (Gogna y col, 2011; Binstock y Gogna, 2014). Los embarazos en esta etapa de la vida se relacionan con el no reconocimiento de la condición de sujetos sexuales de las y los adolescentes, en tanto no se les provee suficiente educación sexual integral ni acceso a anticonceptivos eficaces o al aborto seguro (Rodríguez Vignoli, 2014). Esto incrementa la vulnerabilidad de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por su parte, el embarazo y el parto, especialmente en las menores de 15 años, aumentan los riesgos para la salud y para la vida. A su vez, la proporción de nacimientos de bajo peso y la de prematuros se incrementan en la adolescencia y en mayor magnitud en las edades más tempranas. Las tasas de mortalidad fetal y mortalidad infantil son significativamente más altas entre las menores de 15 con respecto a las madres de las demás edades (Pantelides, Marconi y Fernández, 2014; ASUMEN, s.f.). Esto resulta en un aumento de la morbimortalidad materna e infantil.
Por último, en un contexto legal restrictivo como el argentino, las adolescentes que deciden interrumpir embarazos no intencionales se exponen a riesgos para su vida y su salud.
Ante la situación de los embarazos no intencionales, es interesante revisar, a continuación, los factores protectores.
Una vez producida la iniciación sexual, la probabilidad de convertirse en madre está estrechamente relacionada con tres factores. La escolaridad, el haber tenido educación sexual y haber usado un método anticonceptivo en la primera relación sexual, considerado un predictor de uso futuro, disminuyen las chances de ser madre en la adolescencia (Binstock, 2017).
Las investigaciones señalan, además, entre los factores que dificultan la prevención de los embarazos no intencionales, las características de la utilización de métodos anticonceptivos en las adolescentes. La utilización de métodos anticonceptivos es baja o no sistemática (Kornblit, Mendes Diz y Adaszko, 2007; Fundación Huésped-UNICEF, 2012; Zamberlin et al, 2017). Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, las adolescentes utilizan mayoritariamente anticonceptivos hormonales (57,1%), de barrera (41,8%) y DIU (0,8%) (INDEC, 2013). Una encuesta a 1.571 adolescentes y jóvenes reveló que solo una de cada cinco entrevistadas que no buscaban un embarazo se cuidaba sistemáticamente.
Respecto de ulteriores embarazos, entre quienes tuvieron un segundo embarazo antes de los 20 años, la proporción que usaba un método anticonceptivo era mayor (casi el doble). Sin embargo - a pesar de que muchas habían reemplazado el preservativo por los anticonceptivos orales - tampoco lograron prevenir ese segundo embarazo (Binstock y Gogna, 2014).
De ahí la importancia de la educación sexual integral en espacios de intercambio y reflexión que permitan a los jóvenes posicionarse como sujetos que puedan hacer uso efectivo de sus derechos (Schiariti y Gallo, s.f.). La consejería anticonceptiva es una estrategia imprescindible para tener en cuenta, por ejemplo, la compatibilidad del método indicado con el contexto de vida afectivo-sexual, las representaciones sobre la sexualidad (sexo como algo espontáneo, “natural”), la desigualdad de poder entre los géneros y la ambivalencia del deseo de tener hijos.
En lo que respecta a los equipos de salud, las investigaciones informan que en muchas ocasiones los prejuicios, mitos, temores y concepciones infundadas del personal de salud actúan como barreras al acceso de las y los adolescentes a los métodos. Algunos profesionales desconocen el marco legal y otros no aplican las disposiciones por temor a un conflicto legal con los padres o adultos responsables. Muchas veces se exige la compañía o autorización de adultos para recibir atención o entrega de métodos anticonceptivos y esto es más frecuente cuanto menor es la edad del adolescente (UNFPA, 2016).
Otros problemas que afectan la accesibilidad a los métodos pueden ser la discontinuidad en la disponibilidad de insumos, la localización y características de los servicios de salud, la gratuidad y/o una oferta de métodos que no necesariamente se condice con las preferencias de las adolescentes.
La posibilidad de prevenir embarazos no intencionales encuentra otra barrera en la subutilización (o utilización incorrecta) de la anticoncepción hormonal de emergencia (en adelante AHE). Según una encuesta a adolescentes de 18 y 19 años de provincias del NOA y NEA, la AHE era conocida por algo más del 70% (menor conocimiento que los otros métodos) y, de ellas, una de cada cuatro la había utilizado el año anterior (Gogna y Binstock, 2017). Diversos estudios han mostrado que las principales barreras al uso de la AHE son el bajo conocimiento por parte de la población, que generalmente accede a información por canales informales, y la actitud reticente de médicos y otros profesionales de salud a prescribirla y entregarla. (Pecheny y Tamburrino, 2009; Szames, Vázquez y Discacciati, 2012; Carpineta, 2013; Domínguez, 2015).
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